Comercio de personas

El comercio de personas con fines de explotación sexual es una realidad en todo el mundo, pero España es señalada por Naciones Unidas como uno de los principales países de destino.

En España la industria del sexo está extendida y normalizada. La prostitución se encuentra en una situación de alegalidad, es decir, no es un delito pero tampoco está regulada como actividad profesional. Sin embargo, la “prostitución ajena” o la explotación sexual sí es un delito, a pesar de no ser siempre perseguida. Además, España ha sido en los últimos años un polo de atracción de inmigrantes. Las políticas de control migratorio han hecho florecer la figura de los “facilitadores”, personas que “ayudan” a cruzar las fronteras a miles de personas migrantes y, que en muchas ocasiones son en realidad “captadores” de potenciales víctimas de trata.

Muchas de estas personas migrantes son captadas por los tratantes a través del engaño para luego ser explotadas en España a través de la fuerza, la coerción, el aprovechamiento de situaciones de pobreza y necesidad o la generación de deuda por los “servicios” de entrada en el país. Ante esta situación, la Asociación de Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituída (APRAMP) ha publicado tres guías sobre la intervención con víctimas de trata dirigidas a profesionales de los medios de comunicación, ayuntamientos, trabajadores sociales y profesionales de la seguridad del Estado, que tienen el objetivo de informar sobre cómo proteger y asistir a las víctimas de trata con fines de explotación sexual desde las distintas instancias y profesiones. En cada una de ellas se explica con detalle, y entre otros temas, qué es la trata, la situación actual en España y el marco legal, para luego explicar el papel que cada uno de los grupos a los que va dirigido puede tener para socorrer y ayudar a las víctimas.

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