Arges Mohammadi, gran defensora defensora de los derechos humanos en Irán, ha sido condenada esta semana a 16 años de cárcel por su activismo.
En la actualidad, esta mujer ya se encuentra presa cumpliendo una condena anterior de seis años por sus actividades en contra de la pena de muerte. Mohammadi es madre de dos hijos y está gravemente enferma y, según denuncia Amnistía Internacional (AI), no está recibiendo el tratamiento médico que precisa durante su estancia en prisión. La activista está encarcelada en el penal de Evin, donde el régimen confina a los presos políticos y de conciencia.
En un nuevo ataque contra la libertad de expresión y de reunión en la República Islámica, un Tribunal Revolucionario -corte ultraconservadora dependiente de la Guardia Revolucionaria de Irán donde se juzga a imputados por causas políticas- ha asestado un duro golpe contra esta conocida activista, vicepresidenta del Centro para la Defensa de los Derechos Humanos en Irán, a la que el tribunal considera culpable de "poner en peligro la seguridad del país" a través de su activismo.
Con esta sentencia, la línea dura de Irán asesta también un embate amargo contra el presidente Hassan Rohani, el cual trata desde que llegó al Gobierno reducir la presión contra la libertad de expresión y en varias ocasiones se ha mostrado abiertamente en contra de este tipo de condenas por causas políticas. Pero el poder de maniobra Rohani es limitado, pues el Poder Judicial está controlado por las facciones ultraconservadoras del país, que sólo rinden cuentas al líder supremo.
La sentencia de 16 años de cárcel impuesta contra Mohammadi es la suma de tres penas distintas. El tribunal la condena a 10 años por participar en la "fundación de un grupo ilegal", en alusión a Legam, una organización que lucha por la abolición de la pena de muerte; a cinco años por "mantener reuniones que ponen en peligro la seguridad del país"; y a un año más por "difundir propaganda contra el sistema".
Si la condena de 16 años contra esta activista es firme, deberá permanecer en la cárcel al menos 10 años, de acuerdo con la modificación introducida en 2013 en el código penal, que establece que los reos que encadenan varias sentencias deben cumplir, al menos, la más larga de ellas. El marido de Mohammadi, Taghi Rahmani, que reside en el extranjero y cuida de sus dos hijos, ha afirmado que la sentencia contra su esposa "tiene el ánimo de venganza" por sus actividades en contra de la pena de muerte. "A veces, el veredicto de un juez es sólo una herramienta del poder", ha declarado. Esta nueva condena contra Mohammadi se produce después de años de "acoso interrumpidos" y "períodos intermitentes de detención", que han causado, según afirma AI, "efectos devastadores en su salud y cicatrices emocionales" en sus dos hijos. Mohammadi sufre de una embolia pulmonar y un trastorno neurológico que le ha provocado convulsiones y parálisis parcial temporal. Durante el tiempo que lleva encerrada, no ha podido reunirse con sus hijos y solamente ha mantenido una conversación telefónica con ellos desde el pasado verano.